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El Gobierno volcó $241 millones para la implementación de una plataforma de criptomonedas y este año destinará otros $200 millones

Por medio de un decreto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá asignó a la Caja Social un aporte no reintegrable para avanzar en la creación de un activo digital, basado en la tecnología Blockchain. Para eso homologó un convenio con la Sapem Consultoría y se desconoce el nombre de la adjudicataria de la ejecución del diseño y desarrollo.

foto ansl
Rodríguez Saá junto al ministro de Hacienda, Eloy Horcajo.
Actualizada: 09/01/2023 00:26
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A través del decreto N° 5734 del 7 de julio del año pasado, el Gobierno provincial giró $241 millones para que en San Luis se convirtiera en realidad una plataforma destinada a emisión y gestión de criptomonedas.

Esto se conoció recién seis meses después con la publicación del documento en la edición del Boletín Oficial de este viernes.

Con las firmas del gobernador Alberto Rodríguez Saá, del ministro de Hacienda, Eloy Horcajo y la secretaria de Finanzas, Cecilia Badaloni, se orientaron a la Caja Social y Financiera de la Provincia, un aporte no reintegrable $241.850.000.

Al mismo tiempo, homologaron un contrato para “el servicio de diseño, desarrollo, implementación y soporte de la plataforma Blockchain para emisión y gestión de criptomoneda”.

Este convenio lo rubricaron la gerente de la Caja Social, Gretel Cali Velasco y la gerente de la Consultoría San Luis Sapem, Gabriela Caspari.

Esta sapem se iba a ocupar de contratar el servicio. Hasta hoy se desconoce en qué recayó la adjudicación.

Además se dispuso que en el Presupuesto 2023 se imputarán unos $201.034.250.

El envío del dinero, Rodríguez Saá lo hizo incluso antes de anunciar que enviaría a la Legislatura un proyecto de ley para crear un activo digital.

Badaloni aseguró en ese momento que la propuesta se iba a ejecutar en etapas. La primera sería con las estampillas escolares digitales, para luego seguir con las estampillas digitales para ahorro y culminar con los activos digitales de arte.

La ley fue aprobada en octubre y desde ese momento no hay mayores certezas sobre las siguientes etapas ni la implementación por completo.

“Los activos digitales son medios de intercambio cuyo objetivo principal es mantener el valor adquisitivo en esta situación de inflación que atraviesa el país. Lo ideal es que este intercambio se realice dentro de la provincia para que se genere un círculo virtuoso de desarrollo”, según valoró.

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